El ministerio público no imputa ningún delito a cinco de los quince encausadosSan Sebastián. (EFE).- La Fiscalía de Guipúzcoa acusa de torturas a 4 de los 15 guardias civiles procesados por maltratar a los presuntos autores del atentado de la T-4 de Barajas, Igor Portu y Mattin Sarasola, quienes consideran responsables de torturas a todos estos agentes, que participaron en su detención y traslado.
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Por ello, el fiscal pide tres años para dos de los guardias (un sargento y un cabo), dos años para otros dos (un cabo y un guardia), y diez días de localización permanente para los seis restantes (dos tenientes, tres cabos y un guardia), además de diversas compensaciones económicas, e inhabilitación en algunos de los casos.
La Fiscalía no aprecia indicios de delito en los otros cinco procesados, por lo que no ha formulado acusación contra ellos. Por el contrario, la acusación particular, que ejercen los dos presuntos etarras, imputa a los quince guardias un delito de tortura en su modalidad agravada entre otros delitos y faltas, por los que solicita penas que van de los 6 a los 17 años de reclusión, además de otras penas e indemnizaciones.
La detención de los supuestos terroristas tuvo lugar el 6 de enero de 2008, un año después de su presunta participación en el atentado con bomba que destrozó el aparcamiento de la terminal T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas y rompió el alto el fuego que ETA mantenía desde el 24 de marzo anterior, además de costar la vida a los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. Según el escrito de la Fiscalía, los hechos por los que se encuentran imputados los diez guardias ocurrieron sobre las 10:15 horas, cuando los presuntos etarras fueron sorprendidos en Arrasate (Guipúzcoa) en posesión de dos revólveres y 50 cartuchos, tras lo que fueron arrestados y esposados.
El texto explica que Igor Portu fue introducido en un automóvil oficial y presuntamente fue "golpeado" por uno o por los dos agentes que le custodiaban, quienes también le habrían amenazado de muerte, además de recriminarle por sus supuestos vínculos con ETA. El documento precisa que en el vehículo policial se detuvo en un lugar no determinado, donde Portu fue obligado a descender a "puñetazos y patadas".
En este punto los guardias, con intención de "castigar" a Portu por su supuesta pertenencia a ETA, le habrían obligado a "colocarse de rodillas y, humillándole" le tiraron del pelo, según la Fiscalía. Posteriormente, sigue el texto del fiscal, lo volvieron a introducir en el coche, "entre patadas y puñetazos", y le pusieron un pasamontañas, le obligaron a situar la cabeza entre las piernas, y le golpearon de nuevo, hasta llegar al cuartel de Intxaurrondo.
A continuación, el supuesto etarra fue conducido en automóvil por tres nuevos agentes a su domicilio en Lesaka (Navarra), que fue registrado. Seguidamente, fue llevado, en medio de golpes, a la clínica forense y luego ingresó en la UCI del Hospital Donostia, donde permaneció tres días "debido a la gravedad de sus lesiones".
Entre ellas, destacan un traumatismo torácico con fracturas en dos costillas, un neumotórax, un "neumomediastino importante" un "enfisema subcutáneo" y una pequeña contusión pulmonar que pusieron su vida en "una situación de riesgo", señala el fiscal. Por su parte, Mattin Sarasola padeció una situación similar a la de su compañero durante su traslado al mismo lugar indeterminado, donde supuestamente fue arrojado "cuesta abajo por una ladera" y otros dos de los acusados le habrían colocado "una pistola en la sien", aclara el escrito de acusación.
El documento señala que estos guardias también habrían amenazado a Sarasola con arrojarle al Bidasoa, al tiempo que le decían que se acordase de lo que le había ocurrido a Mikel Zabalza, quien apareció ahogado en este río. Luego, el presunto etarra fue trasladado a Madrid en un vehículo por otros tres agentes, quienes le habrían propinado "puñetazos y tortazos", además de amenazarle de muerte.
La acusación particular implica en los hechos a otros cinco guardias más y extiende los malos tratos a dependencias de la Guardia Civil y a la UCI del hospital donde, según su versión, otros agentes habrían amenazado a Portu.
En su escrito de acusación provisional, el Ministerio Público, que también imputa una falta de lesiones a otros seis agentes, destaca que los policías actuaron "conmocionados" por el asesinato de los guardias José Fernando Centeno y Fernando Trapero perpetrado por ETA en Capbreton (Francia) tan sólo unas semanas antes de la captura de Portu y Sarasola.
Por ello, el fiscal pide tres años para dos de los guardias (un sargento y un cabo), dos años para otros dos (un cabo y un guardia), y diez días de localización permanente para los seis restantes (dos tenientes, tres cabos y un guardia), además de diversas compensaciones económicas, e inhabilitación en algunos de los casos.
La Fiscalía no aprecia indicios de delito en los otros cinco procesados, por lo que no ha formulado acusación contra ellos. Por el contrario, la acusación particular, que ejercen los dos presuntos etarras, imputa a los quince guardias un delito de tortura en su modalidad agravada entre otros delitos y faltas, por los que solicita penas que van de los 6 a los 17 años de reclusión, además de otras penas e indemnizaciones.
La detención de los supuestos terroristas tuvo lugar el 6 de enero de 2008, un año después de su presunta participación en el atentado con bomba que destrozó el aparcamiento de la terminal T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas y rompió el alto el fuego que ETA mantenía desde el 24 de marzo anterior, además de costar la vida a los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. Según el escrito de la Fiscalía, los hechos por los que se encuentran imputados los diez guardias ocurrieron sobre las 10:15 horas, cuando los presuntos etarras fueron sorprendidos en Arrasate (Guipúzcoa) en posesión de dos revólveres y 50 cartuchos, tras lo que fueron arrestados y esposados.
El texto explica que Igor Portu fue introducido en un automóvil oficial y presuntamente fue "golpeado" por uno o por los dos agentes que le custodiaban, quienes también le habrían amenazado de muerte, además de recriminarle por sus supuestos vínculos con ETA. El documento precisa que en el vehículo policial se detuvo en un lugar no determinado, donde Portu fue obligado a descender a "puñetazos y patadas".
En este punto los guardias, con intención de "castigar" a Portu por su supuesta pertenencia a ETA, le habrían obligado a "colocarse de rodillas y, humillándole" le tiraron del pelo, según la Fiscalía. Posteriormente, sigue el texto del fiscal, lo volvieron a introducir en el coche, "entre patadas y puñetazos", y le pusieron un pasamontañas, le obligaron a situar la cabeza entre las piernas, y le golpearon de nuevo, hasta llegar al cuartel de Intxaurrondo.
A continuación, el supuesto etarra fue conducido en automóvil por tres nuevos agentes a su domicilio en Lesaka (Navarra), que fue registrado. Seguidamente, fue llevado, en medio de golpes, a la clínica forense y luego ingresó en la UCI del Hospital Donostia, donde permaneció tres días "debido a la gravedad de sus lesiones".
Entre ellas, destacan un traumatismo torácico con fracturas en dos costillas, un neumotórax, un "neumomediastino importante" un "enfisema subcutáneo" y una pequeña contusión pulmonar que pusieron su vida en "una situación de riesgo", señala el fiscal. Por su parte, Mattin Sarasola padeció una situación similar a la de su compañero durante su traslado al mismo lugar indeterminado, donde supuestamente fue arrojado "cuesta abajo por una ladera" y otros dos de los acusados le habrían colocado "una pistola en la sien", aclara el escrito de acusación.
El documento señala que estos guardias también habrían amenazado a Sarasola con arrojarle al Bidasoa, al tiempo que le decían que se acordase de lo que le había ocurrido a Mikel Zabalza, quien apareció ahogado en este río. Luego, el presunto etarra fue trasladado a Madrid en un vehículo por otros tres agentes, quienes le habrían propinado "puñetazos y tortazos", además de amenazarle de muerte.
La acusación particular implica en los hechos a otros cinco guardias más y extiende los malos tratos a dependencias de la Guardia Civil y a la UCI del hospital donde, según su versión, otros agentes habrían amenazado a Portu.
