La dura crisis económica que está afectanto a España, y la inacción y falta de previsión del Gobierno Zapatero está castigando duramente a la Guardia Civil, que se está ahogando económicamente. Esta drástica disminución de recursos ha provocado que desde el ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil hayan puesto en marcha un plan de disminución de servicios a "aplicar hasta nueva orden".

El mayor recorte se produce en la prestación de servicios de vigilancia de carreteras, según uno de los documentos de "medidas provisiones" realizados por el ministerio de Rubalcaba y a los que ha tenido acceso Libertad Digital. Así, las patrullas deberán circular "a una velocidad más reducida que la media del flujo circulatorio, la cual será normalmente inferior al menos en un 20 por ciento respecto a la máxima permitida en la vía en que se circule, facilitando el adelantamiento", realizando durante el trascurso del servicio "una conducción económica (ventanillas cerradas, evitar frenazos bruscos, vigilando la presión de neumáticos...)".

A partir de ahora, se "recorrerá el tramo de carretera a vigilar al comienzo del servicio y durante el resto del mismo se aumentarán al máximo los estacionamientos en lugares conflictivos y tramos de concentración de accidentes"; se "detendrá el funcionamiento del motor en los estacionamientos"; y se "utilizará preferentemente en el servicio vehículos de cuatro ruedas tipo turismo, disminuyendo el uso del todo terreno y la motocicleta" .

Menos controles de alcoholemia

A esto, se añadirá la eliminación de las patrullas unipersonales –supresión del Servicio Unipersonal de Vigilancia de Autovías (SUVA)–, los vehículos camuflados para detectar el exceso de velocidad permanecerán parados, en lugar de circular con el fin de detectar a los infractores, y se suprimirán las guardias combinadas de los equipos de atestados y las patrullas destinadas en la zona.

Los controles de alcoholemia se reducirán de forma drástica, y se llevarán a cabo cuando el agente vea en el conductor claros síntomas de embriaguez, con el objetivo de que se pueda ahorrar material disminuyendo el número de pruebas.

Un segundo documento, fechado el pasado 28 de abril, al que tuvo acceso este periódico, aumenta las medidas de control de gasto al día a día de otras unidades de la Benemérita. Las dietas por vigilancias serán las "mínimas indispensables para el funcionamiento" de los servicios y "siempre con el visto bueno del superior jerárquico"; y las comparecencias de los agentes ante los tribunales por cuestiones de servicio se harán, siempre que sea posible, por videoconferencia, para evitar los desplazamientos y las dietas asociadas a ellos.

Telefonía, material de oficina y energía

La telefonía también tendrá importantes recortes. "Hay que rebajar significativamente el importe del consumo de este concepto (gasto telefónico), más debido al próximo aumento del IVA, para estar por debajo del consumo del año pasado", señala el documento. Así,se"disminuirá al máximo el uso de los teléfonos fijos y faxes oficiales", intentando sustituir su uso, "siempre que sea posible", por el correo electrónico. Se "pedirán explicaciones" a los agentes por aquellas llamadas que superen, "tanto en tiempo como en importe, los límites de lo que se consideren precisos".

En lo que a las líneas móviles se refieren, se utilizará la red Sirdee (Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado) "en lugar de la Movistar siempre que sea posible"; se utilizarán mensajes de texto –SMS– antes que las llamadas; y se prohibe, "con carácter general, la navegación por Internet desde el teléfono móvil".

Respecto al material de oficina, Interior quiere que se impriman "únicamente los documentos imprescindibles" y sea de "carácter excepcional" el uso de impresoras, escáneres y fotocopiadoras. Parecido ocurrirá con el gasto energético, que el ministerio del Interior quiere hacer disminuir con una quincena de iniciativas, dentro del que destaca también el impacto que tendrá en esas facturas la próxima subida del IVA.

UGT y CCOO, responsables

La órdenes ministeriales de reducción de gastos en la Benemérita fue denunciada este lunes por la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC), que consideró que "el ahorro en las Administraciones Públicas debería ser una práctica común diaria, pero no llevada a los extremos de mermar la eficacia del servicio".

"Siendo por eso que criticamos al Gobierno por no haber hecho bien la función gestora, de los recursos económicos públicos, y por no haber planificado el gasto público racionalizando el uso de sus medios. Además no ha demostrado tener capacidad para adelantarse a los acontecimientos, y haber previsto los resultados de la crisis económica cuando subyacía, paliando con ello sus consecuencias", continuó la asociación.

Por último, IGC responsabilizó de esta situación a los dos principales sindicatos españoles, UGT y Comisiones Obreras. Esto lo justificaron en que el "intervencionismo" de estos sindicatos en las negociaciones laborales atenta contra la "autonomía de la voluntad de las partes" lo que significa, que no permiten en las empresas o en los sectores funcionariales, que se pueda negociar en contra de lo que ellos pactan genéricamente, en consonancia con lo que su partido les indica. Debemos luchar por buscar nuevas formas de representación de los trabajadores en la empresa, y en la Administración, de tal manera que burócratas sindicales, en las altas esferas, no orienten la política económica hacía la ruina y el paro".